Opinión

Derecho a la protección de la salud de mujeres, sus hijas e hijos en reclusión

Existen graves rezagos en el sistema penitenciario que violentan los derechos humanos de las personas recluidas. | Ingrid Schemelensky

  • 26/05/2022
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Un problema que necesita ser atendido con urgencia son los graves rezagos que existen en el sistema penitenciario que violentan los derechos humanos de las personas recluidas. Esta problemática se debe a múltiples factores entre los que resalto la falta de una normatividad adecuada que derive de auténticos diagnósticos y estudios, la falta de recursos financieros que permita generar un reencauzamiento social, así como recursos humanos suficientes para la atención de esta población.

Este fenómeno se incrementa cuando hablamos del género femenino que, de por sí, históricamente se ha encontrado en un estado de vulnerabilidad, discriminación y hasta de violencia. Esta situación afecta de forma por demás importante a las y los hijos de las personas en reclusión toda vez que el nivel su nivel de vida cambia rotundamente por situaciones como la de dificultades económicas, desatenciones, adaptabilidad, entre otras.

Estos factores invisibilizan a las niñas y niños colocándolos en el desamparo e inclusive en una grave situación de vulnerabilidad y discriminación ante la sociedad que los etiqueta en algunas ocasiones sin razón alguna, rompiendo el esquema de sus derechos tales como a vivir en familia, a vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo integra, entre otros.

Esta situación coloca a nuestro país en contraposición con diversos tratados internacionales y normas, como la ratificación, en 1991, de la Convención de los Derechos de la Niñez en donde nuestra nación se comprometió a que las instituciones de bienestar y asistencia social velaran los derechos de los infantes; o la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); los Convenios con la Organización Internacional del Trabajo, entre otros.

En México, de acuerdo con un reporte del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRSOADPRS) de la Secretaría de Gobernación, en el primer trimestre de 2022 el encarcelamiento de personas creció exponencialmente pues registraba más de 225 mil personas trayendo consigo otra serie de problemas. En 2021 la población femenina creció un 7.1% más que la registrada para los hombres (4%).

Para el caso particular del Estado de México se registraba en 2020 más de 31 mil personas privadas de su libertad; para 2021 la cifra ascendía a más de 34 mil internos lo que significa, alrededor del 130% más de los espacios disponibles de la población penitenciaria estimada. Aunado a esto solo la Penitenciaría Femenil Nezahualcóyotl Sur es exclusiva para el género femenino.

De acuerdo con la Dirección de Prevención y Readaptación Social, se encontraban, en julio de 2020, poco más de 2 mil mujeres privadas de su libertad, así como 58 niños y niñas en los centros de Reinserción y Prevención Social en 2020, de acuerdo con información de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Además, es evidente en nuestra entidad la falta de personal en trabajo social, psicología, educación, industria penitenciaria, criminología, psiquiatría, entre otras, lo que repercute significativamente en la salud de las personas recluidas.

Por ello, muchas acciones faltan por hacer para mejorar las condiciones de las mujeres en reclusión y su entorno familiar.  Algunos aspectos que deben fortalecerse, entre otros, serían los siguientes:

- Un juicio digno, con la observación de organizaciones de la sociedad civil.

- Conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres años.

- Recibir la alimentación para sus hijas e hijos, los servicios de salud respectivos, la educación correspondiente y los medios adecuados para el cuidado de las niñas y los niños.

- Protocolos para orientación legal, psicológica, de trabajo social o psiquiátrica.

- Esquemas de crecimiento educativo al interior de los centros penitenciarios.

De igual forma, es necesaria la revisión de la normativa correspondiente para actualizarla a las necesidades actuales buscando la vigencia de los derechos humanos de las personas recluidas.

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